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Santo Domingo, Rep. Dom.- La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, consideró que el Congreso Nacional debe aprobar una reforma penal integral caracterizada por el reconocimiento de la realidad criminal del país, la identificación de los medios y modos de operación, así como el establecimiento de sanciones oportunas, razonables y justas.
Señaló que las cifras de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es el reto de mayor importancia en cuanto a derechos humanos que tiene actualmente el Estado y que representa una pandemia que día a día genera sufrimiento y muerte a las mujeres dominicanas.
Esas cifras, no solo son alarmantes en lo económico, social y política, sino que la violencia contra las mujeres nos está costando avanzar hacia una sociedad justa, pacífica y democrática. Por tanto, esta reforma penal debe contribuir para garantizar y responder sobre los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes como bienes protegidos por el Estado.
Al participar, junto a un equipo de abogadas del Ministerio de la Mujer, en una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se presentò el segundo informe de observaciones al proyecto de código penal conteniendo las modificaciones a varios artículos del referido código, y destacó que la aprobación de esta pieza legislativa, es un compromiso de todas y todos por igual”.
“El Ministerio de la Mujer, en su rol de monitorear los avances que han tenido reitera sus agradecimientos y consideraciones a la comisión de justicia por admitir en gran parte nuestras observaciones y propuestas; sin embargo, nos sigue causando preocupación 19 artículos del proyecto que fueron aprobado en primera lectura”.
“Desde el Ministerio de la Mujer nos siguen preocupando termas como: tipificación penal de la violencia feminicida en general, en particular, el tipo penal del feminicidio, la violencia conexa en el escenario y el suicidio feminicidas por inducción”.
La inclusión de las tres causales, el Estado dominicano debe reconocer las circunstancias de violación o incesto, peligro de muerte de la mujer e incompatibilidad con la vida extrauterina, como circunstancias sólidas para determinarlas como excepciones del aborto y no obligar o exponer a tortura o muerte que significa continuar con un embarazo producto de estas condiciones.
