En los actuales momentos en que nuestra sociedad exige mayor respuesta a la inseguridad ciudadana, se escuchan voces sobre que si la policía no da respuesta, que si el Ministerio Público no hace lo que tiene que hacer, que los jueces son muy benevolentes con los ciudadanos que faltan a las leyes o que el Código de Procedimiento Penal es muy garantista o favorable para los delincuentes… Y yo le pregunto, ¿usted como ciudadano cumple con su deber de querellarse cuando sus derechos son vulnerados?
Hago esta pregunta debido a que aquellas personas que en estos momentos quieren una modificación a dicho código no conocen como funciona el mismo, y peor aún, las autoridades judiciales no han invertido para que éste se pueda aplicar con efectividad. No entiendo cómo se desmoronan casos por la falta de cumplimiento a las normas de procedimiento, los jueces se dan cuenta que se puede corregir dicho error en el tiempo de medida de coerción, pero en vez de esto es más fácil descargar a un imputado que tratar de aceptar como buena y valida la acusación que plantea el Ministerio Público. Parece que el Código es demasiado moderno para las autoridades o las mismas no están preparadas para asumir su papel.
Cada institución es un eslabón de la cadena y el primer punto de dicha cadena son los ciudadanos con su rol de querellante; luego la policía, quien dará los primeros pasos para la investigación y apresamiento del imputado. El Ministerio Público, quien evaluará la investigación y las pruebas, analizando si corresponde o no continuar con dicho expediente, observando que se cumplió con las normas de investigación, y por último el juez, quien valorará las pruebas aportadas contra el imputado o los imputados y dentro de su intima convicción observará que no se hayan violentado los derechos del imputado. La verdad que la cadena resulta larga, pero si la misma cadena ha funcionado en otros países, ¿por qué no ponemos voluntad para que funcione en el nuestro? Dicha voluntad comienza por cada ciudadano que se empodere de sus derechos y deberes que le son asignados por las leyes y la Constitución de la República.
